Javier Barbero en su intervención sobre las ocupaciones mafiosas en el Pleno del miércoles 27 de abril
El Ayuntamiento de Madrid ha establecido un plan especial para mejorar la convivencia y la seguridad en relación a las ocupaciones mafiosas en la ciudad. El plan incluye un refuerzo policial con un patrullaje preventivo en los tres turnos de servicio de las Unidades Integrales de Distrito (UID) de los territorios afectados: Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas), Entrevías (Puente de Vallecas), San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) y San Isidro (Carabanchel).
Los miembros de las UID son los que mejor conocen la realidad de los barrios afectados y por ello organizarán los operativos para dar respuesta a esta problemática. El área de Salud, Seguridad y Emergencias mantiene su política de reforzar y proporcionar medios a las unidades integrales para garantizar el seguimiento sin necesidad de crear unidades especiales.
Las concejalías de Salud, Seguridad y Emergencias y Equidad, Derechos Sociales y Vivienda, más los distritos implicados, mantienen contactos permanentes con los vecinos afectados por estos problemas de convivencia generados por las llamadas “ocupaciones mafiosas”.
Coordinación
Además, se mantienen reuniones continuas entre la Policía Municipal de Madrid y el Cuerpo Nacional de Policía, cuyo fin principal es compartir información y plantear acciones conjuntas para la resolución de los conflictos relacionados con la inseguridad.
El problema de las “ocupaciones mafiosas” afecta a muchas instituciones, por tanto se necesita un enfoque integral en la que deben colaborar diferentes áreas municipales, el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno y los tribunales de justicia.
Por ello, el Ayuntamiento está trabajando para establecer metodologías de trabajo que refuercen la implicación y coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, el Decanato y la Fiscalía para identificar a los autores e investigar los hechos delictivos. Ejemplo de ese trabajo de coordinación es la reunión que se realizó el pasado jueves, 21 de abril, para tratar las usurpaciones mafiosas en el barrio del Ensanche de Vallecas a la que asistieron todas las instituciones implicadas.
Como ya se anunció la semana pasada (18-24 de abril), también se realizará un censo cualitativo de viviendas ocupadas para diferenciar entre las ocupaciones mafiosas y las personas que ocupan por necesidad casas de los cuatro focos principales en Madrid.
Ocupaciones
El trabajo del consistorio está encaminado a dar una respuesta habitacional a todas las personas que, por necesidad, han sido víctimas de las mencionadas mafias o que están abocadas a buscar soluciones desesperadas por no tener otra alternativa.
En la actualidad se estudia cómo ampliar el parque de viviendas disponible para poder hacer frente a la demanda de vivienda social y posibles realojos, que deben estar planificados para no reproducir las mismas problemáticas y sean una alternativa digna de vivienda para los madrileños que lo necesiten.
El delegado Javier Barbero ha definido de esta manera la situación creada: “no nos olvidemos de que los más castigados por la crisis también son los más vulnerables ante este tipo de organizaciones mafiosas. El verdadero problema es haber mercantilizado hasta la obscenidad un derecho como la vivienda y que la raíz del problema está en el modelo de desarrollo español, basado en la especulación inmobiliaria sin tener en cuenta el reguero de dolor que ha generado”.
Centros sociales
Como expresión del mismo conflicto, los centros sociales de nuestra ciudad, están atravesados por la generación y consolidación de derechos que cumplen funciones básicas como el desarrollo de la identidad, la participación, el encuentro, el ocio o el afecto. Es el caso del centro La Morada, desmantelado recientemente en Chamberí, que generó una ola de solidaridad ciudadana.
Este tipo de espacios son expresiones colectivas que buscan dar respuesta a estas necesidades básicas para reproducir el sentido de la vida. El Ayuntamiento ha identificado un choque entre el derecho a la ciudad y el derecho a hacer negocio por encima de ese derecho, que es necesario abordar desde las instituciones públicas. El equipo de gobierno municipal trabaja en hacer compatible la actividad económica de la ciudad con el ejercicio de derechos que faciliten la gestión ciudadana de espacios físicos.
