La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente disciplinario a España al creer que no se ha respetado la directiva 93/13 y que las autoridades españolas se han olvidado de que uno de sus objetivos es el de «garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas».
La CE reconoce que España ha modificado algunos de sus leyes para mejorar las circunstancias de las personas sumidas en un proceso de ejecución hipotecaria, no lo consideran suficiente.
Bruselas considera que además, España debe adaptar a la legislación comunitaria su normativa nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago. Y si no se cumple, habrá consecuencias. Porque Bruselas ya ha amenazado con enviar un dictámen motivado en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en este ámbito en el plazo de dos meses.
La directiva europea garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.
Los Estados miembros deben asegurarse de que sus leyes nacionales facilitan los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.
