La Comisión Europea ha admitido el fracaso de las cuotas obligatorias de refugiados y se ha encontrado frente a los gobiernos de los distintos países que, o han hecho caso omiso de sus obligaciones sobre la recepción de refugiados, o se han opuesto abiertamente a ella.
De los 160.000 demandantes de asilo que la UE prometió repartirse en septiembre, sólo se ha redistribuido a 1.441. Mientras miles de personas sufren el abandono total de una trágica suerte que tiene pocos visos de cambiar.
La Comisión Europea ha encontrado una forma de solucionar este problema. Una solución que no ayuda en nada a los refugiados pero que si ablando el conflicto por su destino a nivel político. Los Estados miembros que no quieran participar en el futuro sistema de reparto de demandantes de asilo para situaciones de crisis puedan quedar excluidos temporalmente si pagan 250.000 euros por cada refugiado al país que finalmente les acoja.
«Si un Estado miembro no participa deberá apoyar a los que sí lo hacen», explicó en rueda de prensa el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, quien consideró que el pago de esta cantidad es una forma de «solidaridad» mediante financiación.
La palabra solidaridad en estas declaraciones, hace daño, pero Bruselas considera que esta una forma de ayudar a la solución del conflicto.
La CE había marcado como referencia el pago de 6.000 euros por refugiado al país de acogida en sus medidas anteriores de reubicación. Ahora, esta cifra de 250.000 euros se calcula teniendo en cuenta los gastos que supone ese trasladado de solicitantes de asilo, pero también se ha decidido que sea tan elevada para incluir un «elemento disuasorio» y motivar el que todos los países de la UE participen en el nuevo mecanismo.
