Mucho se ha escrito a nivel mundial sobre la intervención de BPA, quienes habrían pactado una línea de crédito para que las empresas afectadas por el caso pudieran operar tras el bloqueo de sus cuentas y asegurar el funcionamiento del día a día hasta que se resuelva la situación, lo que no ha ocurrido desde hace dos años.
Miles de clientes extranjeros siguen denunciando que estas entidades continúan retrasando deliberadamente los traspasos de cuentas millonarias, aprovechando el nuevo intercambio de información bancaria que entró en vigor en enero de este año, lo que ha orillado a muchos clientes, ante la impotencia y la desesperación, a donar o abandonar sus fondos, para no correr el riesgo de graves represalias por parte de las autoridades tributarias de sus respectivos países. A esta incertidumbre, que ocupa a los españoles, se suma los tratados de intercambio fiscal que firmaron no hace mucho España y Andorra y que se pondrán en práctica a partir de 2018.
Muchos clientes que otorgaron la confianza al banco, para hacerse de sus servicios normales, resultaron víctimas colaterales; quedaron atrapados con los sospechosos cuando Andorra intervino la entidad en marzo de 2015.
Fue la AREB quien aprobó el traspaso de los activos de BPA que estaban fuera de sospecha a la nueva entidad, Vall Banc, que nació con 30 millones de capital y otros 70 millones de euros en bonos contingentes convertibles (conocidos como cocos, en la jerga española) el 11 de mayo del 2016. También puso en marcha mecanismos ilegales para impedir una fuga masiva de clientes, a quienes les prometieron recuperar su dinero paulatinamente durante un periodo de seis meses, lo que no ha ocurrido a la fecha, pues lo único que les interesaba era mantener a los clientes, a quienes nunca les dieron garantía, para que el banco no sufriera un problema de liquidez.
Aunque en tan solo cuatro días se hizo el traspaso efectivo del dinero de cerca de 28 mil clientes; en tanto otros 923, mayormente extranjeros y con saldos de cuentas sumamente altos, quedaron congelados y a pesar de quedar aclarado que no tenían relación con el supuesto blanqueo de capitales, a la fecha siguen enfrentando trabas burocráticas por parte del Gobierno Andorrano.
