A partir de octubre se hará una prueba piloto con la metodología de trabajo llamada Housing First, que está basada en el acceso a la vivienda para proporcionar autonomía a los afectados. Esta medida se suma al incremento de servicios proporcionados a este colectivo, que ha permitido que en el último año las personas que duermen en la calle hayan disminuido un 13%.
El Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha en otoño una nueva metodología de trabajo que ya ha demostrado su eficacia en los Estados Unidos y otros países de Europa. Se trata del Housing First (Primero la vivienda), que se caracteriza por asignar una vivienda desde el primer momento a personas sin hogar. De esta manera, la vivienda se convierte en un elemento estable en torno al cual el Ayuntamiento proporciona los servicios y recursos que deben permitir a las personas usuarias su reinserción.
“El objetivo es que estas personas puedan continuar teniendo un apoyo social, pero con total autonomía”, ha explicado la teniente de alcalde responsable del área, Maite Fandos. La prueba piloto se iniciará con 60 plazas. Las personas seleccionadas proporcionarán el 30% de sus ingresos (siempre que sea posible) para pagar el alquiler y tendrán que respetar el buen clima vecinal, ya que las viviendas proporcionadas procederán del mercado libre.
Prioridad del mandato
El Housing First se suma a las diferentes acciones que lleva a cabo el equipo de gobierno desde el 2011. En estos momentos la ciudad dispone de 2.953 plazas para atender las diferentes necesidades de las personas sin hogar y en situación vulnerable, un 27,4% más que hace 3 años.
Además, la ampliación de equipamientos y plazas que ofrecen servicio de comedor, higiene y acogimiento nocturno y diurno han permitido que desde junio del 2013 hayan disminuido un 13% las personas que duermen en la calle, pasado de las 818 contabilizadas por el Servicio de Inserción Social en mayo de 2013 a las 712 de este mes de junio.
Además, durante el año pasado se destinaron 7.212.056 euros en políticas destinadas a garantizar el alojamiento a las personas y familias que se quedan sin casa y a reducir el número de desahucios.
