En ningún momento se ve la intención de regresar los capitales a sus legítimos dueños, a tres años de la intervención de BPA
Desde el 10 de marzo de 2015, que se interviene la BPA, entidad bancaria cuya mayoría de acciones estaba en manos de unos “empresarios advenedizos”, el jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, aseguró que la entidad “en estos momentos tiene la solvencia y la liquidez suficiente para aguantar”, y que el problema estaba concentrado exclusivamente en una supuesta mala praxis de un sector de este banco. Es decir, el banco era intervenido por una suposición de una nota que calificaba a BPA como “entidad financiera de preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales” y poco importaron los argumentos e incluso las pruebas e información que los organismos de control y regulación exigieron en su momento.
Esta perversa acción, ahuyentó a capitales extranjeros, ante la desconfianza y la mala reputación del sistema financiero andorrano -aunque esté situado en un paraíso fiscal-, ante las instituciones, mercados y clientes, afectando el normal funcionamiento de la economía del principado, amén de aterrorizar a los demás bancos andorranos ya que todos eran susceptibles de ser acusados de mala praxis.
De acuerdo a los objetivos y principios que justifican la creación de la AREB, no se ha cumplido con la principal, que es proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el sistema de garantía de depósitos, en tanto un mecanismo de resolución eficaz debe reducir al mínimo la posibilidad de que los costes de resolución de una entidad inviable sean asumidos por los contribuyentes. Las nuevas competencias que establece la Ley de Resolución, deben permitir a las autoridades mantener un acceso ininterrumpido a los depósitos y las operaciones de pago, así como vender partes viables de una entidad, cuando proceda, y asignar pérdidas de manera justa y previsible. Es decir, los accionistas de la entidad son los primeros que han de soportar las pérdidas, pero no ha sido así.
El caso BPA también preocupa a los ciudadanos de un país que no se ha despojado del todo de sus estructuras medievales y donde la seguridad jurídica ha sido un mal referente en el mundo de los negocios, porque de la noche a la mañana, sus intereses y propiedades pueden verse no solo amenazados, sino seriamente dañados y todo ello debido a un sistema político que, pese a guardar las formas básicas de una democracia, se sitúa el margen de lo que es ley en el mundo desarrollado y actúa de forma un tanto arrogante.
En esta cruenta historia se mezcla un gobierno, calificado de incompetente y compulsivo (el de Andorra), una agencia gubernamental de EU prepotente, y la desmedida corrupción de policías españoles. La situación vivida exige adoptar, con carácter urgente, medidas firmes y a la vez flexibles que eviten el riesgo de que la crisis sufrida por una entidad bancaria impacte en el resto de entidades y en toda la economía andorrana.
