“La mentira y el engaño, le están cobrando hoy la factura al Gobierno de Andorra”
La interrogante de ¿Quién mató a la Banca Privada de Andorra?, si fueron los antiguos gestores del banco o fue el Gobierno que preside Antoni Martí, sigue resonando en la desprestigiada plaza financiera y que tendría su antecedente en la ya famosa reunión de Bucarets, celebrada en abril de 2014, entre los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, y el director general de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (IUFAND), Carles Fiñana, donde se habría firmado la sentencia de muerte de BPA.
A tres años y medio después del infame 10 de marzo del 2015, el otrora paraíso fiscal ya no es fiable, ni transparente para la inversión extranjera. La mentira y el engaño le están cobrando hoy la factura. La sospecha que se trató de una conspiración del imperialismo americano, ante el desaseado proceso de auditoría que realizó la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) por encargo del Gobierno del Principado, es casi una certeza, al destaparse operaciones financieras oscuras con mezcla de políticos y policías corruptos.
Curiosamente, un ex abogado de BPA ahora en nómina del gobierno, representó en febrero pasado, la acusación particular ante el Tribunal Constitucional andorrano, en nombre del Ejecutivo, contra 25 directivos y gestores de cuentas de la extinta entidad bancaria, imputados por supuesto blanqueo de capitales. Asimismo, una veintena de procesados se declararon víctimas colaterales de unos intereses ajenos al Estado andorrano, pues la única entidad atacada era BPA, donde presuntamente tendría o habría tenido cuentas la familia de Jordi Pujol Soley.
Muchos actores civiles coinciden que el hundimiento de BPA se dio por la gran incompetencia burocrática, falta de transparencia y encubrimiento de las autoridades financieras andorranas, partícipes y copartícipes, como la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y la UIFAND que se sometieron a intereses mezquinos de los grupos de poder.
Fueron más de 2 mil clientes que no pasaron la auditoría que PwC hizo por encargo del Gobierno del Principado, por la cual cobró cerca de 100 millones de dólares, lo que le ha valido ganarse una mala reputación y perder la confianza de sus clientes. Ante estas irregularidades, cientos de ahorradores se han quedado colgados en el proceso de migración de activos de renta fija de BPA a Vall Banc, la entidad puente que se vendió al fondo buitre estadounidense JC Flowers.
Son muchos los inversores y pequeños accionistas que aún reclaman a la antigua cúpula del banco el reintegro de su dinero que perdieron y el correspondiente a los daños ocasionados tras la intervención y liquidación de la entidad. En tanto los abogados de los afectados exigen que se abra una investigación para determinar si se actuó contra BPA de forma concertada e ilícita en términos procesales.
Sin que hasta el momento se les haya comprobado que cometieron algún tipo de delito -de origen hubo muchas contradicciones en la información que aparece en la nota del FinCEN-, los clientes afectados, provenientes de todas partes del mundo, siguen siendo sometidos a una represiva y abusiva investigación, por lo que seguirán dando batalla ante los tribunales.
Ante lo que consideran un proceso de resolución deficiente y plagado de irregularidades, los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de la desaparecida BPA, exigieron recientemente a las autoridades europeas que revisen la “defectuosa transposición” que Andorra hizo de la directiva comunitaria sobre reestructuración y resolución de entidades financieras, que dio lugar a la denominada “ley BPA”, con la que se intervino este banco.
