“La aniquilación de la entidad, fue un escarmiento para el sistema bancario del Principado”
El mayor «affaire» financiero de Andorra tiene nombres y apellidos: Antoni Martí, Jordi Cinca, Ramón Cierco, Higini Cierco, Joan Pau Miquel, Jordi Pujol, Carles Fiñana, Barack Obama…y la lista se hace interminable, cuando hoy se sabe que la crisis de la Banca Privada d’Andorra (BPA) no fue como consecuencia de una negligencia del gobierno andorrano que no estaba actuando contra el blanqueo de capitales pese a llevar «meses» recibiendo advertencias de Estados Unidos, sino que la nota de la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) fue para utilizar al banco más pequeño del país pirenaico, como escarmiento para el sistema bancario del Principado.
La coincidencia generalizada es que la medida adoptada por el FinCEN contra BPA fue desproporcionada, sobre todo si se compara con otros casos, hecho que se ganó la reprobación de muchos sectores por la nefasta actuación de las entidades reguladoras y sus decisiones, tantas veces precipitadas y con motivaciones opacas, que originó se creara una total desconfianza en los organismos de control.
Luego que el FinCEN emitió un escrito de acusación contra BPA, con fecha 6 de marzo de 2015 en el que califica al banco como una entidad de “especial preocupación” en materia de blanqueo de capitales, a la par se emitió una descomunal sanción que prohibió a las entidades financieras bajo su jurisdicción, la apertura y el mantenimiento de cuentas corresponsales y a todas sus subsidiarias. La irracional medida colocó a la entidad bancaria ante una situación de inviabilidad al tener muy limitado su acceso al sistema financiero internacional. La única salida -irreflexiva- del gobierno andorrano, fue la liquidación de los activos de la entidad matriz y del resto de subsidiarias en el mundo.
Por otro lado, la crisis de BPA dejó en evidencia a un sistema bancario que no tenía respaldo para los depósitos por parte de un banco central y cuestionó toda la credibilidad del país. BPA fue segregado en dos entidades: un «banco malo», con los depósitos problemáticos; y un «banco bueno», que se denominó Vall Banc y que fue comprado por el fondo buitre JC Flowers, que lo adquirió por la risible cantidad de 29 millones de euros un año después.
Se sabe que los servicios de banca privada presentan una especial vulnerabilidad que en muchas ocasiones ha sido explotada por políticos corruptos para sacar fondos de sus países de origen con objeto de ponerlos a salvo frente a cualquier investigación judicial o personajes relacionados con el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Aunque ahora se tiene la certeza que este no fue el caso.
Baste recordar las polémicas revelaciones del consejero de asuntos económicos en la embajada estadounidense en Madrid, Anton K. Smith, quien reconoce en un correo electrónico desclasificado por el Departamento de Estado estadounidense, que su participación en este acto se llevó a cabo de manera coordinada con el FinCEN y hace mención al «sistema», una referencia que refuerza la idea de un problema general del conjunto de bancos andorranos y no tan solo de BPA.
Smith supone que, desde agosto de 2014, ocho meses antes de la caída de BPA, Andorra ya estaba informada de los problemas de su sistema bancario. Y que cuando el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, compareció ante los medios de comunicación el 16 de marzo de 2015 asegurando que la situación era «excepcional y transitoria», literalmente no solo no decía la verdad, sino que además había dejado pasar el tiempo sin hacer nada para afrontar una crisis que podría haberse evitado.
Sin bajar la guardia, los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, mantienen vivo el pleito con el FinCEN y la reclamación de 300 millones de euros al gobierno de Andorra por daños y perjuicios por la expropiación del banco. Esta lucha se ha visto reforzada por cientos de ahorradores e inversionistas afectados, que no pierden la esperanza de que se haga justicia y se caiga el velo de la corrupción.
