Al vulnerar el derecho a la intimidad, el principio de orden público y el de protección de datos, selló su sentencia como desleal plaza financiera.”
La filtración de datos de clientes de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA) por parte del gobierno desde la embajada española, una vez que ya se había intervenido el banco, ha sido quizá uno de los capítulos más controversial y reprobable en el caso de la supuesta banca «transparente», que a la postre provocó una salida masiva de ahorros del país pirenaico por la pérdida de confianza en los bancos andorranos, cuyos recursos han ido disminuyendo en los últimos tres años, debido al ilegal intercambio de información que se dio al inicio de la crisis.
De acuerdo a un documento filtrado recientemente, se revela que en 2015 dos responsables informáticos de BPA llevaron a la delegación diplomática un disco duro donde presuntamente se guardaban datos de los clientes y estuvieron casi diez horas reunidos con dos policías nacionales españoles y el agregado de interior, el inspector Celestino Barroso. Toda esta conspiración, al margen de las autoridades andorranas.
La cúpula liberal ha mostrado preocupación por estos hechos que califica de «muy graves» y que habrían vulnerado el derecho a la intimidad, el principio de orden público, el de secreto profesional o el de protección de datos. Considera, además, que representan un menosprecio a la soberanía andorrana.
Se ha criticado también fuertemente que ni el ministro de interior ni el jefe de Gobierno, Antoni Martí, hayan dado explicaciones sobre este asunto. El daño que hizo la intervención de BPA, hasta la fecha es incuantificable en términos económicos y de reputación, y ninguna autoridad o ente financiero ha sabido afrontarlo conforme a la directiva europea de resolución, sin importarles que quienes absorbieron las pérdidas fueron los ahorradores y accionistas.
Esta es la fecha en la que miles de clientes no han podido recuperar sus depósitos, siguen con sus ahorros bloqueados en Vall Banc, sin que se haya demostrado ninguna relación con el blanqueo de capitales. Desde el inicio, el criterio de clasificación de los clientes «no aptos» en relación a la nota emitida por el FinCEN estadounidense, tuvo un nivel de error por parte de la desacreditada consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) del cien por ciento, desacierto que se suma a sus 16 escándalos financieros en los últimos seis años.
El fin del secreto bancario en Andorra supuso un antes y un después para la banca del principado. Sin que el gobierno lo haya reconocido, fueron muchos los inversores internacionales que abandonaron sus depósitos en las entidades bancarias andorranas antes de que, en enero de 2017, entrase en vigor el intercambio automático de información con más de cincuenta países con los que se suscribieron convenios de transparencia, incluida España y todos los demás miembros de la Unión Europea.
La gran preocupación sobre el presente y el futuro de la banca de Andorra, es si puede sobrevivir sin ser un paraíso fiscal. Eso supone un enorme reto que afecta no solo a los cinco bancos que operan en el país, Crèdit Andorrà, Banca Mora, Andbank, BancSabadell d’Andorra y VallBanc, sino, asimismo, al conjunto de la economía andorrana.
Todo indica que el actual mapa bancario de Andorra se traza en una línea descendente catastrófica, que la imposibilita como plaza financiera para atraer inversiones y capitales, ante la falta de un plan estratégico, de talento y credibilidad de los profesionales financieros andorranos para lograr la máxima competitividad en el mercado europeo y mundial; basta ver que sus beneficios han bajado con respecto a los años anteriores, por lo que el Principado tendrá que afrontar las consecuencias de sus errores.
