Los representantes de las plataformas de pensionistas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba se han mostrado «decepcionados» tras la reunión mantenida con la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha alegado la «falta de competencias» del Ejecutivo autonómico para atender sus reclamaciones.
La consejera ha recalcado que las pensiones competen al Estado y ha explicado que el Gobierno Vasco recurre a sus competencias en políticas sociales para mejorar el bienestar de la ciudadanía. En este sentido se ha referido a la RGI, una ayuda para «los colectivos más vulnerables, entre quienes se sitúan 14.000 pensionistas, un 25% del total de perceptores».
La portavoz de los pensionistas de Bizkaia, Andrea Uña, ha indicado que en la reunión «cordial» han trasladado a la consejera sus reivindicaciones para el sistema público de pensiones, que pasan por volver a vincular por ley la revalorización de estas prestaciones, al menos, con la inflación.
Además, exigen equiparar la pensión mínima al actual salario mínimo de 900 euros y llevarla a 1.080 euros en 2020, con un salario mínimo de 1.200 euros.
Asimismo, reclaman la derogación definitiva del factor de sostenibilidad, medidas efectivas para acabar con la brecha de género, una auditoría social de las cuentas de la Seguridad Social y dotar a este sistema de recursos necesarios para asegurar el futuro del sistema público de pensiones.
Los pensionistas vascos enviarán por escrito sus reivindicaciones a la consejera y seguirán en contacto ambas partes, pero la consejera ha alegado «falta de competencias» para responder a las demandas de los jubilados, por lo que estos la han animado a que interpele al Gobierno español para que atienda las reivindicaciones de este colectivo.
Tras el encuentro, las plataformas de pensionistas de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa han anunciado que seguirán «en la calle» con las movilizaciones de todos los lunes.
